El Modelo Homologado de Justicia Cívica (en adelante MHJC) define el concepto de justicia cívica como: “[…] el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana en una sociedad democrática”. A partir de ello, es posible identificar que la justicia cívica genera mecanismos que van de la mano con el pleno ejercicio de los derechos humanos desde dos perspectivas distintas, las cuales se analizan en el presente artículo.
Por un lado, los mecanismos que busca establecer el MHJC garantizan el respeto a los derechos humanos identificados como civiles y políticos. De manera particular, existen elementos claves del procedimiento que dan atención a estos derechos, algunos de estos componentes son:
- Garantía del debido proceso. El MHJC establece elementos que garantizan que desde el momento en que una persona probable infractora es asegurada, se actúe conforme a derecho, como lo son la lectura de derechos y explicación de motivos. Una vez en el juzgado cívico, de igual manera se cuenta con procedimientos establecidos que contribuyen a garantizar el debido proceso: revisión médica, deshago de pruebas, oportunidad de rendir testimonio, entre otros.
- Salvaguardo de integridad física. Cuando una persona probable infractora es asegurada y remitida al juzgado cívico, se debe realizar una revisión por parte de un médico, lo cual garantiza que se tomarán las medidas necesarias para atender a las y los probables infractores. Por otra parte, dicha revisión asegura que las personas probables infractoras pasarán a la etapa de audiencia siempre y cuando se encuentren en las condiciones físicas y mentales necesarias. Por ejemplo, si a partir de la revisión médica se determina que la o el probable infractor cuentan con un nivel de intoxicación por consumo de estupefacientes, en ese momento se determina que no puede continuar el procedo de audiencia.
- Publicidad en las audiencias. El contar con audiencias públicas contribuye a garantizar la transparencia en el proceso de impartición de justicia. Lo cual, a su vez, genera una mayor confianza por parte de las y los probables infractores, de que se encuentran bajo un procedimiento justo, en el que no se verán vulnerados sus derechos humanos.
Desde otra perspectiva, es importante reconocer que garantizar el acceso a los derechos humanos, no se refiere únicamente al “no hacer” del Estado, por ejemplo, el garantizar que no se lleven a cabo actos de tortura; sino que implica también un ejercicio proactivo en el que se logre el acceso a aquellos derechos que garantizan una mayor calidad de vida.
En ese contexto, al hablar de justicia cívica es posible identificar que ésta contribuye al fortalecimiento de los derechos humanos desde un enfoque proactivo. Por ejemplo, al ofrecer a una persona infractora una solución alternativa como lo es la canalización a una bolsa de trabajo o el ingreso a un programa de atención psicosocial, es posible fortalecer el acceso a los derechos humanos de carácter económico, social y cultural.
En ese sentido, es posible identificar que el Modelo Homologado de Justicia Cívica, a partir del establecimiento de las denominadas medidas para garantizar la convivencia, atiende las causas subyacentes que generan situaciones de conflicto, buscando una mejora en la calidad de vida de una persona infractora.
Cabe señalar que dichas medidas pueden aportar tanto en la calidad de vida de las personas infractoras, como de la comunidad. Puesto que, por un lado y dependiendo de los niveles de riesgo identificados en una persona infractora, se pueden establecer medidas con componente terapéutico, cuyo beneficio es directo hacia la persona infractora. Sin embargo, el hecho de que se contemplen medidas con carácter de trabajo comunitario, abona en el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad determinada.
Por ejemplo, si a un joven que bebe en la vía pública de manera constante, y que ha sido identificado bajo un perfil de riesgo considerable, en lugar de que le sea requerido el pago de una multa u horas de arresto, se le canaliza a una institución que le brinde acompañamiento y terapias psicosociales para disminuir su ingesta de alcohol, esto podrá garantizar que dicha persona mejore su situación y su problemática con el alcohol.
Otro ejemplo en el que se abona al goce de derechos de carácter económico, social y cultural es el que se realiza en Guanajuato. En 2019 en el municipio de León se ofreció como alternativas ante la comisión de una falta administrativa, la asistencia a un museo. Así, decenas de personas acudieron a una visita al museo en lugar de pagar de una multa o de permanecer horas de arresto en el juzgado cívico, siendo una manera de fomentar el disfrute de derechos de carácter cultural.
Lo anterior, es un claro ejemplo de cómo a partir de la implementación de soluciones alternativas en lugar de, o de manera adicional a las medidas de carácter punitivo como lo son las horas de arresto o el pago de una multa, se puede contribuir de manera proactiva en el goce de derechos, en lugar de centrarse únicamente en el no hacer del Estado para no violar derechos humanos, y con ello contribuir a la mejora de las causas subyacentes que generan los conflictos. Sin embargo, no debe perderse de vista, que para que esto funcione, es necesario contar con la participación de la sociedad, así como garantizar medidas de seguimiento efectivas a las canalizaciones realizadas.
