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Uno de los objetivos principales de la Justicia Cívica es evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia y mejorar la convivencia ciudadana en una comunidad. Asimismo, tiene como objetivos disminuir la reincidencia en faltas administrativas, dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios y promover la cultura de la legalidad.

Al ser la Justicia Cívica una iniciativa para prevenir la violencia y la incidencia delictiva, diseñar un modelo de atención de niños, niñas y adolescentes infractores es clave para incidir en la “cadena de valor de la prevención”, y con ello, abonar no solo a la prevención del delito, sino a la reducción de la comisión de delitos, así como a la reincidencia delictiva de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.

Los menores de edad comienzan a tener conflictos con la ley como una consecuencia del medio en que se desenvuelven. De esta manera, factores como la violencia intrafamiliar, las adicciones, la pobreza, el círculo de amistades, la carencia de educación formal, entre otros, son el origen de las conductas antisociales y/o delictivas. Por ello, es primordial impulsar mecanismos que detecten y atiendan oportunamente estos factores de riesgo en los menores de edad para evitar que sean víctimas de éstos y cometan delitos. Aquí es donde la Justicia Cívica puede tener un impacto significativo.

Sin embargo, la implementación de un Modelo de Justicia Cívica para niños, niñas y adolescentes en México conlleva varios retos. En primer lugar, presenta retos a nivel normativo. Actualmente, la Justicia Cívica se regula a nivel municipal, esto es, cada municipio cuenta con su propio reglamento de Justicia Cívica, así como sus propios bandos o reglamentos policiales. Esto implica que cada municipio establece sus procedimientos para la atención de menores infractores, de manera más o menos detallada. No obstante, no todos los municipios cuentan con un Protocolo de Atención a Menores Infractores formalmente establecido e implementado que permita garantizar los derechos humanos de los menores contenidos en los principales tratados internacionales en la materia como las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta situación coloca a los menores de edad en una situación de vulnerabilidad y violación de derechos.

El caso del municipio de Mérida es significativo, ya que es la primera ciudad del país en elaborar un Protocolo de Atención a Menores de Edad que cometan alguna falta administrativa comprendida en su Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Este documento es una guía para que los agentes de la policía municipal y funcionarios involucrados en el arresto o la atención de menores actúen en apego a las normas locales, nacionales e internacionales en materia de jóvenes, toda vez que está basado en la aplicación, respeto y protección de los derechos humanos. Cabe destacar que, dicho protocolo no busca sancionar o reprimir al infractor, sino crear conciencia entre la población y evitar conductas ilícitas en los menores. En este sentido, se busca que el menor que sea detenido por cometer una infracción sea detenido, repare el daño y reciba orientación socioeducativa. Sin duda, este protocolo es un referente sumamente valioso para replicar en el resto de los municipios que impulsan la Justicia Cívica.

El segundo reto, consiste en homologar en la manera de lo posible y en apego a los derechos humanos, los procedimientos de atención a menores infractores, ya que como se mencionó anteriormente, cada municipio cuenta con su propio proceso. En este sentido, el único parámetro de homologación con el que cuentan es la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que establece que cuando el probable infractor sea menor de edad, se deberá citar a quien ejerza la patria potestad, tutela o custodia para el desarrollo de la audiencia y la emisión de la resolución (Artículo 20), y que las sanciones que se podrán aplicar a los menores en caso de la comisión de faltas administrativas serán amonestación o servicio a favor de la comunidad (Artículo 25).

A pesar de lo estipulado en la Ley, esto no se observa en la práctica por diversas razones. Por ejemplo, no en todos los casos es posible contar con la presencia y el apoyo del padre o tutor para el cumplimiento de las medidas alternativas, y aunado a los limitados mecanismos para supervisar su cumplimiento, éstas pierden su sentido y propósito. Esto representa un reto importante para la implementación de un modelo juvenil, el cual puede superarse con la imposición de una figura de “mentor”, esto es, una persona adulta que preste apoyo emocional a los menores infractores para ayudarlos a salir adelante, así como brindarles apoyo práctico y de consejo para ayudar al menor a identificar problemas en su vida y emprender acciones para abordarlos. Por ejemplo, los mentores pueden poner en contacto a los menores con oportunidades en materia de educación, empleo o actividades recreativas; así como supervisar su asistencia a terapias psicológicas, grupos de apoyo y trabajo comunitario.

Aunado a ello, se encuentran la falta de programas comunitarios para que los menores cumplan con la medida alternativa; la falta de financiamiento adecuado para los programas que implementan medidas alternativas y la falta de coordinación entre las autoridades responsables de los menores en conflicto con la ley; las cuales pueden ser abordadas y superadas mediante la asistencia técnica a los municipios.

Finalmente, un área de oportunidad importante es imponer sanciones adecuadas y acordes a la gravedad de la falta y los factores de riesgo del menor infractor. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la imposición de multas a menores puede generar que éstos se vean obligados a participar en actividades laborales, lo que los expone a riesgos de violencia y explotación. Por ello, la CIDH privilegia los programas de servicio comunitario como una forma adecuada de sanción alternativa, siempre y cuando éstos sean estrictamente supervisados para prevenir cualquier forma de explotación del menor y no afecten su escolaridad, salud e integridad física o psicológica. Entre ellos se encuentran los programas educativos, vocacionales o terapéuticos que tengan por objeto estimular cambios de conducta positivos en los menores infractores.

A pesar de los retos que existen para la implementación de un modelo de Justicia Cívica para menores infractores, municipios como Chihuahua, Mérida y Guadalupe ya han hecho un trabajo importante, y en concreto, este último ha dado un paso significativo al inaugurar un Centro de Justicia Cívica para menores infractores en diciembre de 2019. Dicho Centro es única y exclusivamente para jóvenes menores de edad, quienes incurren en faltas administrativas de manera regular (a la semana se detienen entre 37 y 40 jóvenes), principalmente intoxicación en la vía pública por drogas o alcohol y escandalizar. Sin duda, esta experiencia será un referente importante para futuros avances en el tema.

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