El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios o a los estados (cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los municipios o coordinados con ellos) para el fortalecimiento de los temas de seguridad. Es un programa a cargo del Ejecutivo Federal con cobertura nacional, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. Su principal diferencia respecto al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), al cual reemplazó en el año 2016, es que se basa en el desarrollo de las personas, o bien, el desarrollo policial.
La importancia del FORTASEG para la seguridad pública municipal radica en que se enfoca al fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y en que sus recursos se asignan para el cumplimiento de programas con prioridad nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Estos programas y subprogramas están relacionados con la profesionalización, certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública; así como al fortalecimiento tecnológico, mejora de equipo e infraestructura de dichas instituciones, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, y a la capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género.
De manera importante, uno de los programas con prioridad nacional del FORTASEG 2020 es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), perteneciente a su primer eje estratégico: Mejorar las condiciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional para construir la paz.
La distribución de recursos del FORTASEG se realiza mediante la aplicación de una fórmula de elegibilidad en la que se consideran variables como el tamaño de la población, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el tamaño del problema de seguridad del municipio. Con base en los resultados de dicha fórmula, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública selecciona a los municipios beneficiarios. Para 2020, se seleccionaron un total de 286 municipios, esto es, 34 municipios más respecto al año anterior y 14 municipios menos respecto a 2018. Los Lineamientos para su otorgamiento en el ejercicio 2020 fueron publicados en enero y establecen los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos.
A pesar de la relevancia del FORTASEG para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 asignó un total de 4 mil millones de pesos para este subsidio, esto es, una cantidad menor en 0.23% en términos nominales y 3.1% en términos reales en comparación con el año anterior. Esta reducción de recursos al FORTASEG tiene su explicación en la destinación de recursos a la Guardia Nacional, así como al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ambos del Ramo 33.
En lo que respecta al FORTAMUN, este fondo se destina a todos los municipios del país para la atención de necesidades vinculadas con la seguridad pública, así como al cumplimiento de obligaciones financieras, el pago de agua, de descargas de aguas residuales, sistemas de recaudación locales y mantenimiento de infraestructura. El PEF 2020 le asignó a dicho fondo 86,971 millones de pesos, lo cual representa en términos reales un incremento de 0.21% con respecto a lo asignado en 2019.
Si bien en un principio el CNSP aprobó destinar un mínimo de 50 por ciento de los recursos del FORTAMUN para operar programas de seguridad pública y prevención de la violencia, en particular el MNPJC, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 aprobado por la Cámara de Diputados se promovió que por lo menos el 20 por ciento de los recursos previstos en el FORTAMUN se destinen a la atención de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Destinar dicho porcentaje a la seguridad pública representa alrededor de 4.3 veces el monto presupuestado para el FORTASEG en 2020, sin embargo, no se tienen claras las implicaciones que tendría dirigir más recursos de este fondo al tema de seguridad pública.
Por otra parte, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) del Ramo 33 transfiere recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, como el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, entre otras. Para este fondo, se propuso en el PPEF 2020 destinar al menos 20 por ciento de sus recursos a los municipios, de un total de 7,443 millones 986 mil pesos aprobados para dicho ejercicio fiscal. Cabe mencionar que dentro de los programas con prioridad nacional del FASP se encuentra igualmente el MNPJC y tres de sus subprogramas: Modelo Nacional de Policía, Dignificación Policial y Justicia Cívica.
El principal reto en el aprovechamiento de estos recursos, más que la magnitud de los mismos es el ejercicio transparente y efectivo de los mismos por parte de los municipios en sus necesidades más apremiantes de seguridad pública. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado diversas áreas de oportunidad en términos de transparencia y desempeño del gasto de dichos fondos, así como diferencias en el porcentaje de recursos utilizados en el rubro de seguridad pública por parte los municipios. Por ejemplo, algunos municipios destinan el 50 por ciento de sus recursos a seguridad pública, mientras que otros no invierten nada.
Asimismo, es preciso que los municipios reporten oportunamente su información contable en materia de seguridad pública. Finalmente, iniciativas estatales como la del Fondo de Seguridad Municipal de Nuevo León, el cual se financia de un impuesto a los ingresos de casinos, juegos y sorteos, es un referente importante para que los estados y municipios amplíen sus fuentes de financiamiento en seguridad, y, por ende, en Justicia Cívica.
