Durante los últimos tres años, Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. ha colaborado, a través del Programa Juntos por la Prevención de la Violencia (JPV) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en distintos proyectos relacionados con el diseño, implementación y evaluación del Modelo Homologado de Justicia Cívica (MHJC) en diferentes municipios del país, pero particularmente destaca la experiencia obtenida en Morelia, Michoacán, Chihuahua, Chihuahua y General Escobedo, Nuevo León. Asimismo, a partir del trabajo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de México, ha sido posible identificar experiencias valiosas en los municipios de Lerma, Tecámac, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Toluca.
Con base en lo anterior, a continuación, se presenta un resumen con los hallazgos principales y las referencias más sobresalientes de cada uno de los municipios intervenidos en materia de Justicia Cívica y se explica cómo éstas podrían considerarse puntos ideales de réplica en otras localidades. Las referencias a cada localidad no indica la ausencia de otros elementos, sino las prácticas más novedosas observadas en cada una de ellas.
Morelia es uno de los casos paradigmáticos del Modelo Homologado de Justicia Cívica a nivel nacional. Inició sus labores de Justicia Cívica en 2016 y hasta la fecha (2019) ha logrado fortalecer componentes y subcomponentes del Modelo de manera ejemplar. De esta forma resalta el desarrollo de diversas alianzas para proveer soluciones alternativas a las multas y el encarcelamiento, esto significa que la presencia de la sociedad civil organizada dentro del Juzgado Cívico ha sido uno de los factores que ha ayudado a la sostenibilidad de su Modelo desde sus inicios.
Las soluciones alternativas representan, desde múltiples perspectivas, la pieza clave de la Justicia Cívica, ya que éstas marcan la diferencia entre un proceso administrativo para el tratamiento de las faltas administrativas muy eficiente y uno enmarcado en procesos alternativos al sistema tradicional.
Lo anterior significa que cuando un Juez emite una sentencia y tiene la posibilidad de dictar una sanción diferente a la multa o al arresto permite a la persona asegurada restituir sus derechos o contribuir con la sociedad a través del trabajo en favor a la comunidad. Morelia se ha destacado por su interés en ampliar estas soluciones alternativas y se ha colocado como un caso representativo en este ámbito.
Por su parte, Escobedo (2018) también ha mostrado un notorio avance para la ejecución de los componentes y subcomponentes del Modelo, destacando su labor en materia de policía de proximidad desde 2017; este componente está vinculado con el tratamiento de conflictos comunitarios y faltas administrativas, pues corresponde al primer momento en los cuales los policías se convierten en mediadores y/o primeros respondientes.
Los oficiales son uno de los actores clave del MHJC, sin su labor no seria posible el funcionamiento de la Justicia Cívica, ya que ellos conocen e identifican las problemáticas cotidianas de la ciudadanía y son capaces de prevenir el escalamiento de la violencia a través de la medición de conflictos.
En cuanto a las faltas administrativas, Escobedo ha tratado de incluir en sus procesos de sanción un esquema mixto, esto ha ayudado a la transición del sistema tradicional al de Justicia Cívica, evitando que los policías tengan la sensación de “puerta giratoria” (percepción de ausencia de sanción, en el entrada y salida súbita de personas infractoras). Si bien, la policía de proximidad representa por sí mismo un modelo de prevención de violencia, la relación que tiene con el MHJC es fundamental para lograr una verdadera acción preventiva.
Por su parte, una de las experiencias más notables que ha puesto en práctica Chihuahua (2018) es la relación con la iniciativa privada para proveer soluciones alternativas. A través del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) se ha logrado que la aportación de distintos empresarios se convierta en una aportación directa a organizaciones de la sociedad civil capaces de proveer distintas soluciones alternativas.
Es importante señalar que, antes de iniciar con la implementación del MHJC, Chihuahua ya consideraba la aplicación de distintas soluciones alternativas, no obstante, éstas sólo eran aplicadas a jóvenes infractores. A partir de la asistencia técnica prestada por USAID, Chihuahua comenzó con este esquema de financiamiento y ha construido una práctica sostenible para la ejecución de la Justicia Cívica.
De esta forma, se puede observar que en tres casos municipales las acciones coordinadas interinstitucionales o intrainstitucionales son elementos capaces de potenciar y maximizar los alcances de la Justicia Cívica. Los ejemplos de Morelia, Escobedo y Chihuahua pueden servir como valiosas experiencias capaces de ser replicadas en otras latitudes nacionales.
Finalmente, el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de México es ejemplar, ya que a partir de una instancia estatal se está buscando la construcción de un sistema metropolitano de Justicia Cívica, esto a través de la gestión de la información y la identificación de personas infractoras que actúan en municipios colindantes y que son tratados como primo infractores en cada uno de ellos.
La coordinación municipal es la principal apuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de México, y actualmente el trabajo que sea realiza en algunos de sus municipios evidencia el enorme potencial que tiene la Justicia Cívica, pues se han encontrado prácticas importantes en términos de reingeniería institucional, capacitación y policía de proximidad.
Estos casos, y muchos más ejemplos municipales que ya cuentan con acciones en materia de Justicia Cívica, demuestran que para México este Modelo puede ser la clave para fortalecer nuestro camino hacia la justicia, la paz y la seguridad.
