El concepto de justicia cívica es relativamente nuevo, particularmente en su operatividad. Por lo tanto, si bien existen hipótesis acerca de los resultados del modelo de justicia cívica, el tiempo de implementación no permite contar con resultados certeros respecto al cumplimiento de objetivos, así como su impacto. Aun así, vale la pena ahondar en la relación que puede existir entre la justicia cívica y la prevención de la violencia.
Uno de los principales objetivos de la justicia cívica es, precisamente, evitar el escalamiento de un conflicto. Es importante identificar que un conflicto se presenta a partir de la diferencia entre dos partes, mismo que puede ser, resuelto, o bien, escalar hasta terminar en una situación de violencia.
Con ese preámbulo, es posible identificar que, en el modelo de justicia cívica, el primer elemento que lo vincula con la prevención de la violencia tiene que ver con la desactivación temprana de un conflicto. Es decir, el modelo plantea brindar herramientas de solución de conflictos a las y los policías que son el primer contacto ante un conflicto, que les permitan desactivarlo en una etapa temprana. Así como privilegiar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos desde los propios juzgados cívicos.
En el caso de los policías, por ejemplo, al contar con capacidades para llevar a cabo procesos de mediación, se busca que ante un conflicto comunitario, puedan desactivarlo a partir de la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC).
A afecto de ilustrar lo anterior, vale la pena establecer un escenario más claro. Por ejemplo, un conflicto vecinal por un estacionamiento, en donde un vecino por momentos obstruye la accesibilidad de otro. La diferencia entre vecinos por el espacio de estacionamiento puede comenzar con un simple disgusto, sin embargo, puede ir escalando a confrontamiento, gritos, golpes, y en un extremo puede generar la comisión de un delito, como pueden ser lesiones o incluso, homicidio.
En cambio, desde el enfoque de justicia cívica, si ante la diferencia causada por el espacio de estacionamiento, se implementa un ejercicio de mediación entre los vecinos (ya sea por policías, o directamente en el juzgado cívico), se pueden generar acuerdos en los que se establezcan tiempos de uso del estacionamiento o medidas de accesibilidad en donde se garanticen las necesidades de cada uno de los vecinos. Es así como la desactivación temprana del conflicto puede contribuir a prevenir situaciones de violencia.
Por otra parte, el modelo de justicia cívica plantea la implementación de medidas para mejorar la convivencia cotidiana como parte de las sanciones por la comisión de una falta administrativa, especialmente para personas infractoras que presenten un perfil de riesgo. Lo anterior, busca generar un cambio, de un sistema punitivo a uno que tiene por objeto la identificación de riesgos de escalamiento del conflicto, y con ello, a la atención de las causas subyacentes del mismo. En esa lógica, cuando una persona comente una falta administrativa, se deberá identificar si presenta un perfil de riesgo, y en su caso, canalizarse a una solución alternativa.
A modo de ejemplificar lo anterior, identifiquemos que de acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica para el municipio de Chihuahua:
alterar el orden provocando o participando en riña; entendiéndose por tal, la contienda de obra y no de palabra entre dos o mas personas con ánimo de lesionarse.
En ese contexto, pensemos en una persona que comente dicha falta administrativa, y que, desde el enfoque de justicia cívica, se realiza un tamizaje y se identifica que tiene un nivel de riesgo por ser una persona que no tiene un buen manejo del control de la ira.
En un escenario en donde la visión es meramente punitiva, a esa persona se le sancionará con una multa u horas de arresto y volverá a la situación inicial sin haberse identificado ninguna solución. En cabio, desde el enfoque de la justicia cívica, la persona infractora en referencia podría ser canalizada a un programa de terapias de manejo y control de la ira. Lo cual, le aportaría herramientas para afrontar de una mejor manera una nueva situación de conflicto.
Por otra parte, es necesario identificar que las soluciones alternativas pueden tener componentes terapéuticos y no terapéuticos. Así, el párrafo anterior es un ejemplo de canalización a una medida con componente terapéutico. En el caso de las medidas sin dicho componente, también es posible identificar una aportación a la prevención de la violencia.
Por ejemplo, si a una persona infractora se le canaliza a realizar servicio en favor de su comunidad como parte de la sanción, esto podría contribuir a generar un mayor sentido de pertenencia a dicha comunidad, y contribuir a la prevención de comisión de actos delictivos. En ese sentido, el Neighbourhood Justice Center señala que la intervención de la justicia comunitaria o cívica, en espacios públicos, (es decir, a partir de la implementación de soluciones como el trabajo en favor de la comunidad) puede reparar el daño causado por el delito, o en este caso falta administrativa, y evitar que vulva a ocurrir, al individualizar y contextualizar las condiciones sociales que dan origen a la comisión de las mismas.
A partir de lo anterior, es posible identificar que, la justicia cívica puede contribuir desde dos frentes a la prevención de la violencia: a) por medio de la desactivación temprana de un conflicto y la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y b) a partir de la incorporación de soluciones alternativas como parte de las sanciones. No obstante, para que el esquema de justicia cívica pueda funcionar como mecanismo de prevención de la violencia, es importante contar con un modelo fortalecido, en el que se pueda garantizar desde la profesionalización del personal, hasta el seguimiento a las canalizaciones a soluciones alternativas.
