Imaginemos un parque en el que cotidianamente se cometen faltas administrativas, como escandalizar en la vía pública, ingerir sustancias tóxicas u orinar en la vía pública. En ese contexto, ¿qué tan accesible es ese espacio público? ¿Qué tan viable es transitar por dicho parque? ¿Qué tanto sentido de pertenencia generar a la comunidad?
Por Izamal Salcedo de @IntPublica 27 de mayo, 2021
El principal escenario para la comisión de una falta administrativa o un conflicto comunitario suele ser, por lo general, el espacio público. De hecho, es precisamente el carácter público del propio espacio lo que puede delimitar una falta administrativa. Pensemos, por ejemplo, en la acción de ingerir bebidas alcohólicas o de orinar, en donde el supuesto de falta administrativa se actualiza al realizar dichas acciones en la vía pública.
Dado el protagonismo que tiene el espacio público, en el marco de la Justicia Cívica (si quiere saber más sobre este concepto entre aquí), es que el presente artículo versa sobre la relación entre ambos conceptos.
Existen dos nociones del espacio público. La primera de ellas definida por lo que es y la segunda, por lo que representa.
Con respecto a la primera noción, es decir, por lo que es, el Laboratorio Para la Ciudad1 define al espacio público como el “lugar donde las personas realizan actividades compartidas individuales o en grupo” de tipo social, cultural o económica y que constituyen “áreas físicas delimitadas por construcciones o elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y otros”, y que no son privados y por el que se puede transitar y estar libremente.
Sin embargo, la noción de espacio público va más allá de su separación con respecto del espacio privado.
Con referencia a la segunda noción de espacio público, es decir, por lo que representa, ésta contempla la totalidad de confluencia de relaciones económicas, sociales y culturales que suceden en el espacio que, al menos en la teoría, puede ser ocupado por todas y todos.2 Y es precisamente esta dimensión de espacio público desde donde queremos establecer su relación con la Justicia Cívica.
En cuanto al concepto de Justicia Cívica, podemos entenderla como la política pública orientada a atender en una etapa temprana las causas que originan la conflictividad social y evitar que escale, transformando el enfoque de carácter punitivo, que hasta ahora tiene la Justicia Administrativa, a uno restaurativo. Para logarlo, se contemplan el uso de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, mismas que son una forma de sanción alternativa a las tradicionales, como el arresto o la multa, que buscan modificar la conducta de las personas que afecta la convivencia cotidiana y el tejido social.
Ahora bien, pensemos qué sucede ante la comisión de una falta administrativa. En primera instancia, debemos reconocer la existencia de la responsabilidad individual de quien comete la falta administrativa, misma que debe ser calificada y sancionada por la autoridad municipal, es decir, el juez cívico. Sin embargo, al momento de sancionar dicha falta administrativa se debe considerar la afectación que esta conducta generó en el tejido social que, por lo general, se manifiestan de manera directa en el espacio público.
Imaginemos un parque en el que cotidianamente se cometen faltas administrativas, como escandalizar en la vía pública, ingerir sustancias tóxicas u orinar en la vía pública. En ese contexto, ¿qué tan accesible es ese espacio público? ¿Qué tan viable es transitar por dicho parque? ¿Qué tanto sentido de pertenencia generar a la comunidad?
Es posible encontrar diversas características para identificar si el espacio público es adecuado como lo es, por ejemplo, la iluminación, la limpieza o el contar con infraestructura apta para personas con movilidad limitada (rampas). Sin embargo, adicional a los elementos tangibles, es importante identificar qué tan posible es estar es el espacio público. En el referido caso del parque, podríamos pensar en qué tan viable es salir a correr, sentarse a leer, comerse un helado o simplemente, poder convivir en él. Es decir, qué tanto se posibilita la confluencia de las relaciones mencionadas anteriormente.
En ese contexto, podríamos decir que en la medida en que se comenten faltas administrativas que atentan contra el tejido social, de igual manera se puede afectar la calidad del espacio público. En ese sentido, al implementar sanciones punitivas como el arresto, la consecuencia trasciende únicamente a la esfera individual. En cambio, a partir de la implementación de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, podemos abonar al mejoramiento del tejido social y a la restitución de los espacios de convivencia, como es el espacio público.
Por ejemplo, si una persona es detenida por la probable comisión de una falta administrativa relacionada con realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, una forma de reparación del daño causado por dicha conducta es precisamente con una sanción relativa la restauración del espacio público, en concreto, a la limpieza del propio espacio público dañado o a otro de características similares.
Es importante mencionar que no se trata de subsidiar las responsabilidades municipales respecto al mantenimiento de los espacios públicos, sino que es una manera de involucrar a la ciudadanía, y en especial a quienes están en conflicto con la ley, en la reparación y restitución del tejido social y por lo tanto, es al mismo tiempo, un mecanismo que permite la reapropiación del espacio público.
El reto que tienen los municipios es generar vínculos estratégicos dentro del mismo municipio y a nivel estatal, así como con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. El objetivo es llevar a cabo la implementación de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, orientadas no solo a reducir la probabilidad de no repetición de la conducta que dañan al tejido social, sino también, que contribuyan a la restitución del espacio público. No se trata solo de buscar vínculos que permitan llevar a cabo actividades como la limpieza de banquetas o el plantar árboles, sino el de buscar la implementación de medidas que realmente puedan tener un impacto en el mejoramiento de la calidad del espacio público y las relaciones que éste implica.
Finalmente, vale la pena mencionar que entender la Justicia Cívica involucra conocer y comprender las distintas dimensiones que contempla, como es el espacio público, el cual contribuye de manera importante a la restitución del tejido social y facilita la convivencia cotidiana.
* Izamal Salcedo es investigadora de Inteligencia Pública (@IntPublica).
