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El Informe Policial Homologado (IPH) es el medio a través del cual los integrantes de las instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a disposición de personas y/o de objetos derivados de su intervención a las autoridades competentes. En el Modelo Homologado de Justicia Cívica (MHJC) el IPH es un elemento clave al ser el primer eslabón en la documentación de las faltas administrativas y por ello, es indispensable que se realice adecuadamente por las policías y entendiendo su importancia en su marco como funcionarios públicos al interior del Modelo.

Asimismo, en su realización se debe tener presente que el IPH tiene el objeto de hacer más eficientes las puestas a disposición, garantizar el debido proceso y fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia. De acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio, el IPH debe realizarse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El IPH nace en el año 2010 como el instrumento enfocado a registrar las actividades y las investigaciones policiales. Sin embargo, en 2015 el IPH se modifica y se comienza a implementar un formato más extenso y complejo. Esto propició un tiempo excesivo de llenado, resistencia por parte de los policías a su uso, poca receptividad por parte de las Fiscalías y Agencias del Ministerio Público y una disminución en la cantidad de formatos registrados.

Frente a esta problemática, a partir de enero de 2019, el Centro Nacional de Información (CNI) dio inicio a un proceso de simplificación, modernización, y fortalecimiento del IPH. Como resultado surgió el IPH 2019 el cual fue publicado el 22 de enero de 2020 y es una herramienta mucho más breve, accesible y ágil que el formato anterior, y, por tanto, promete hacer más eficiente el trabajo de las policías.

La nueva versión del IPH para Justicia Cívica consta de cuatro secciones: 1) Puesta a disposición, 2) Datos de la probable infracción administrativa, 3) Lugar de la intervención y 4) Narrativa de los hechos; y dos Anexos opcionales de acuerdo con la necesidad policial del caso: el Anexo A, correspondiente a los datos de la Detención; y el Anexo B, denominado Descripción del vehículo. Este contenido se distribuye en cuatro páginas, reduciendo de manera significativa la cantidad de información a recabar por el primer respondiente.

Si bien el nuevo formato del IPH presenta varias ventajas, como un diseño y contenido aptos para una captura rápida y ágil, la eliminación del llenado de otros documentos y cuenta con una versión móvil (IPH Móvil) para ser aplicada en tabletas y dispositivos electrónicos conectados a Plataforma México y al Ministerio Público, presenta áreas de oportunidad significativas principalmente en términos operativos.

Uno de los principales retos que enfrenta el IPH en materia de Justicia Cívica, es el llenado ágil, eficiente y conciso del mismo por parte del primer respondiente, a fin de generar información pertinente, confiable, creíble y oportuna. Actualmente, el tiempo de aplicación del IPH resulta excesivo y puede llegar a ser mayor a una hora, debido a diversos factores como el bajo perfil técnico y académico de los policías municipales y el desconocimiento de su contenido y del llenado del formato, a pesar de las capacitaciones impartidas al personal.

Lo anterior es preocupante, ya que el IPH es una herramienta clave para el funcionamiento del MHJC, y de no realizarse adecuadamente puede viciar el resto del proceso y, por tanto, vulnerar el debido proceso. En este sentido, es preciso mencionar que el IPH proporciona los primeros elementos al juez cívico para interpretar, integrar y tomar decisiones para imponer la sanción administrativa o solución alternativa correspondiente, en conjunto con la evaluación de los factores de riesgo del infractor realizada por el área de Trabajo Social.

Por ello, es indispensable reforzar la capacitación de los elementos operativos en términos del llenado del IPH, así como del conocimiento y dominio de los reglamentos y normativas en materia de Justicia Cívica (por ejemplo, los Bandos municipales), a fin de que los policías sean capaces no solo de hacer un llenado ágil de la herramienta, sino de diferenciar las faltas administrativas y sus sanciones y fortalecer la argumentación de los hechos denunciados. 

Aunado a ello, es preciso ofrecer capacitación en materia de redacción a fin de que la narración de los hechos sea clara y precisa; así como en términos de argumentación oral, ya que existen áreas de oportunidad en la fundamentación de las detenciones. Asimismo, otro reto importante será ofrecer capacitación en el empleo de tecnologías móviles, a fin de manejar correctamente la versión IPH Móvil, así como en la presentación de evidencias materiales que sustenten la detención.

Finalmente, cabe mencionar que los municipios pueden solicitar el apoyo de universidades y otras instancias públicas, privadas y de la sociedad civil para que, a través de la formalización de convenios, sea posible proporcionar estas capacitaciones a su personal policial, en caso de no contar con los recursos presupuestales necesarios para este fin.

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